Una huelga no sustituye a las soluciones. La huelga general del 11N plantea una pregunta fundamental: ¿qué se pretende conseguir y qué cambiará al día siguiente? Los problemas de vivienda, salarios y coste de la vida son reales, pero no se resuelven paralizando el país ni multiplicando las consignas sindicales. Los trabajadores merecen respuestas concretas, no convocatorias que pueden terminar siendo instrumentos de presión política. CCOO y UGT tienen derecho a movilizarse, pero también la obligación de justificar sus objetivos y explicar sus resultados. España necesita una política económica seria, una administración más eficiente y dirigentes que rindan cuentas. Si se produce un cambio de Gobierno, habrá que darle un margen razonable, pero sin renunciar a la vigilancia ciudadana. Si continúa el actual Ejecutivo, deberá responder por su gestión sin buscar excusas ni nuevos plazos de cortesía. La ciudadanía no puede seguir pagando las consecuencias de decisiones equivocadas. Tampoco los sindicatos pueden atribuirse la voz de todos los trabajadores. La verdadera defensa de los trabajadores no consiste únicamente en detener la actividad, sino en conseguir que puedan vivir mejor gracias a empleos dignos, salarios suficientes y oportunidades reales. Menos consignas, menos propaganda y más soluciones. Porque gobernar, sindicalizar y hacer oposición exige responsabilidad, transparencia y resultados. Y eso es precisamente lo que hoy reclama buena parte de la sociedad.

¿Es necesaria una huelga general a las puertas de unas elecciones en las que decidiremos entre continuidad o cambio político? A los convocantes les corresponde explicar qué mejorará después. La vivienda, los salarios y el coste de la vida son problemas serios. Precisamente por eso, merecen propuestas cuya eficacia pueda examinarse y resultados que se puedan exigir. Mi rechazo a este modelo sindical es claro. Sus dirigentes no tienen el monopolio de la representación de los trabajadores ni pueden dar por hecho que una huelga beneficia a todos aquellos en cuyo nombre hablan. Paralizar la actividad demuestra capacidad de presión. Contribuir a que una sociedad prospere exige bastante más. CCOO y UGT plantean ampliar la vivienda pública, limitar alquileres y mejorar salarios. Deben explicar cómo se llevarían a cabo esas medidas: cuántas viviendas, en qué plazos, con qué financiación y qué efectos esperan sobre la oferta de alquiler. También cómo combinar mejores salarios, productividad y viabilidad de los pequeños negocios. Los objetivos deben acompañarse de una explicación sobre cómo alcanzarlos. El rechazo parlamentario de unas medidas de vivienda, señalado como detonante de la convocatoria, tampoco basta para convencerme de que una huelga general sea la respuesta más útil. Quienes piden a los trabajadores que asuman un sacrificio deben justificar qué esperan conseguir con él. Y las cúpulas sindicales deben someter su propia gestión y sus resultados al mismo escrutinio que reclaman para los demás. Creo que España necesita un cambio de gobierno y una revisión profunda de la gestión pública. Si las urnas dan paso a ese cambio, habrá que conceder al nuevo Ejecutivo un plazo razonable para revisar las cuentas, explicar los compromisos heredados y ordenar prioridades. Exigirle que resuelva en semanas problemas acumulados durante años sería una trampa. Ese margen debe acompañarse de transparencia, un calendario de actuaciones y resultados comprobables. Antes de reclamar más dinero a los ciudadanos, corresponde explicar qué se ha hecho con el que ya aportamos. Cada partida merece una evaluación: para qué sirve, cuánto cuesta y qué consigue. El esfuerzo de quienes sostienen las cuentas públicas merece ese respeto. También me niego a aceptar una política que nos trate como personas incapaces de comprender, decidir y resolver. Nuestra capacidad para trabajar, emprender y superar dificultades merece oportunidades y reglas claras. Los partidos políticos deberían hacer menos política a golpe de titular y utilizar más las redes y los formatos que permiten explicar y debatir sus propuestas en profundidad. Mi preocupación es que una frase o un vídeo breve pueden despertar simpatía o indignación sin darnos elementos suficientes para entender qué se plantea, por qué, cuánto cuesta y qué consecuencias tendría. Necesitamos entrevistas completas, conversaciones y debates donde se escuchen argumentos distintos, podamos contrastar información y tengamos ocasión de revisar nuestras ideas o defenderlas con mayor fundamento. También debemos poder encontrar razones que cuestionen nuestra posición, en lugar de recibir únicamente mensajes que nos reafirmen en ella. Eso es tratar al ciudadano como una persona capaz de pensar por sí misma. Quien advierte de los efectos negativos de las redes debería demostrar esa coherencia en su comunicación: pedir reflexión mientras se buscan reacciones inmediatas alimenta el problema que se dice combatir. Por todo ello, no considero necesaria ni oportuna esta huelga antes de las elecciones. Si hay relevo, habrá que permitir que el nuevo Ejecutivo ponga en marcha su gestión. Si continúa el actual, no procede concederle otro periodo de gracia: su gestión ya puede evaluarse y, a mi juicio, exige una rectificación profunda. Si no concreta esa rectificación en una propuesta presupuestaria creíble y un calendario de medidas, entonces sí consideraría justificada una huelga para reclamar esas respuestas. La continuidad no pone a cero la responsabilidad por los años de gobierno.