PIMEM en contra de la normativa del control de jornada laboral

PIMEM siempre defenderá que todos los empresarios cumplan con los convenios laborales y coticen las horas tipificadas, pero según la patronal este sistema no está aportando los beneficios sociales esperados por el Gobierno Central.

La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM) quiere expresar, de nuevo, su disconformidad con el control de la jornada laboral. Dado que, según el Comité Ejecutivo, esta normativa está fomentando la caída en número de puestos de trabajo, pero a su vez, también los está precarizando económicamente. Un efecto claro es la reducción de las horas extras: “Nuestros socios nos comunican que donde antes tenían 10 trabajadores bien pagados, ahora tienen 13 con un sueldo inferior al trabajar menos horas. Provocando así, el descontento de trabajadores y empresarios” explica Jordi Mora, máximo representante del agente social.

Para el Comité Ejecutivo el control horario está suponiendo para las pymes y los autónomos de la isla un aumento de problemas administrativos. “El resguardo del registro de la jornada laboral está suponiendo una sobrecarga administrativa para los empresarios que están viendo como deben destinar una serie de sus ingresos a sufragar este nuevo coste añadido”.

PIMEM siempre defenderá que todos los empresarios cumplan con los convenios laborales y coticen las horas tipificadas, pero según la patronal este sistema no está aportando los beneficios sociales esperados por el Gobierno Central. Según, Mora el control de horario parece estar suponiendo más “una herramienta recaudatoria” que un “instrumento de apoyo para los empresarios y los trabajadores”.

“Creemos que existen otra serie de medidas que pueden ser más efectivas para combatir el fraude dentro del mundo de las pymes y los autónomos que la implantación de este sistema” continúa Mora.

Es más, según el Comité Ejecutivo de PIMEM y basándose en el estudio del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES), ‘Horizonte 2030’, el aumento de la población residente de Baleares en los próximos 10 años alcanzando casi el 1.500.000 de personas puede producir implicaciones preocupantes que se pueden ver aumentadas si continúa en vigor esta normativa.

“El aumento de la población y nuestro escaso territorio provocará en los próximos años un aumento del coste de la vida y en especial la vivienda en Baleares. Si esta normativa de control horario que está reduciendo las horas extras y por tanto la reducción del salario del trabajador, ya está precarizando los salarios sigue en vigor no beneficiará a las familias de la comunidad. Hablamos de gastos más elevados, la vivienda disparada en precios contra salarios bajos. Esta ecuación no produce seguridad. No hay que olvidar que los salarios no aumentan a la velocidad que lo realizan otras variantes económicas” explica el presidente de PIMEM.

Uno de los objetivos del Gobierno de Pedro Sánchez era generar más puestos de trabajo repartiendo las horas extras cotizadas. Por lo que habría un aumento de los puestos de trabajo y de trabajadores con sueldos de 1.000€. Una fórmula que para el Comité de PIMEM puede funcionar en otras comunidades y territorios pero que no surtirá el mismo efecto en Baleares. “No está funcionando porque el mercado laboral de Baleares es distinto al resto de comunidades y este tipo de normativas deben tener en cuenta las circunstancias de cada comunidad autónoma y de cada sector, en concreto, el elevado coste de la vida en Baleares”.

El trabajador se está viendo perjudicado y está percibiendo una retribución insuficiente. Una circunstancia que será más palpable con el paso del tiempo.

Es por ello, que desde PIMEM y concretamente desde su Comité Ejecutivo “se propone eliminar el control de la jornada laboral para pymes y autónomos hasta esclarecer un nuevo sistema que sea efectivo para trabajadores y empresarios. Una normativa que ofrezca seguridad tanto a uno como a otros”.

Además, por último, PIMEM también quiere remarcar “la importancia de establecer regulaciones distintas en función de la realidad laboral de cada comunidad autónoma”.